Conocer la realidad social, territorial y ambiental de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana

La Amazonia colombiana congrega una extraordinaria diversidad biológica y cultural entretejida en una compleja y dinámica red de interacciones socioecológicas que da lugar a multiplicidad de prácticas y procesos de gobernanza ambiental. La región tiene una superficie de 48’316.300 hectáreas equivalente al 42,3 % del territorio continental colombiano, habitan 1’289.612 personas, esto es, aproximadamente el 2,6% del total de la población nacional, de las cuales 47,63 % viven en las cabeceras municipales (614.246) y el 52,37 % en resto rural (675.366), que incluye centros poblados y zonas rurales dispersas (DANE, 2020). Esta región congrega pueblos indígenas, colono-campesinos, afrodescendientes y pobladores urbanos de diversa raigambre social. Allí se encuentran habitantes de alrededor de 93 pueblos indígenas, de los cuales 68 son pueblos originarios y se hallan pobladores colonos provenientes de las distintas regiones del interior del país (DANE, 2020, OPIAC 2021). Esta pluralidad de actores apropia y organiza el espacio de numerosas formas constituyendo territorialidades en donde configuran su identidad, sus medios de vida, construyen y transmiten sus saberes para le gestión de recursos comunes como el agua, el bosque, la fauna silvestre y las contribuciones que los ecosistemas y su biodiversidad brindan. Así, en la región amazónica colombiana existen alrededor de 61 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) (Ministerio del Interior, 2020), 225 resguardos que suman un total de 25,83 millones de ha, esto es, 51% de la región; 20 Consejos Comunitarios de Comunidades Negras; 3 Zonas de Reserva Campesina que abarcan 580.172 hectáreas, 1,2% de la Amazonia; miles de veredas con sus respectivas Juntas de Acción Comunal y numerosos centros urbanos y centros poblados.

Conocer el estado actual de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana en cuanto a su ubicación geográfica en cada una de las 4 subregiones de la Amazonia, los procesos de poblamiento indígena, la situación de derechos humanos y el estado de conservación de los bosques en los resguardos indígenas de la Amazonia, e indagar por aspectos de salud y educación como derechos básicos. También se busca conocer la situación de los indígenas con respecto a la minería legal e ilegal en la Amazonia y profundizar en la información disponible sobre los recursos asignados por el Sistema General de Participaciones a los resguardos en la Amazonia.

Este diagnóstico considera las particularidades de los pueblos indígenas de la región en las cuatro grandes regiones de este vasto territorio, influenciados, unos, en especial los del occidente amazónico, por el crecimiento del anillo de poblamiento y  de las ciudades y centros urbanos, y las consecuencias terribles de la guerra y el narcotráfico; otros, particularmente los del norte del Amazonas, han sido presionados por el avance de la frontera agrícola sobre el bosque para el establecimiento de pastizales para ganadería, los monocultivos, la presión latifundista, la apertura de vías carreteables y la presencia histórica de grupos armados ilegales; al sur y el oriente amazónicos, indígenas que viven en dinámicas de mayor conservación de los usos y costumbres tradicionales asociados a la vida en el bosque, y que aún viven en relativo estado de armonía con la naturaleza en las áreas mejor conservadas de la selva a pesar de la violencia, el conflicto armado y el control territorial de algunos puntos estratégicos que sirven a intereses públicos, privados e ilegales, y que terminan en situaciones de vulneración a los derechos fundamentales individuales y colectivos de los indígenas. La visibilización de la situación de los indígenas dará herramientas a las autoridades indígenas y no indígenas locales y regionales para determinar mejores medidas de protección a la población, a la vez que conocer dónde están los puntos más complejos de las problemáticas y cuáles territorios indígenas resguardos, con las causas asociadas a ellas, y los intentos de solución que se han dado.

La Amazonia, en todas sus subregiones con distinta intensidad, ha visto a los indígenas sufrir los efectos de la guerra, la violencia y el conflicto armado. Las cifras presentadas en el diagnóstico son muy preocupantes, y demuestran cómo los indígenas se han visto inermes frente a la acción de grupos armados al margen de la ley que protegen territorios de alta importancia estratégica para el desarrollo de las actividades ilícitas con que financian sus propósitos criminales. Las decenas de miles de víctimas indígenas del conflicto tienen pocas salidas cuando se trata de acceder a procesos de reparación individual y colectiva que al menos resarzan una parte del daño causado. Los intentos por desarrollar a plenitud procesos de reparación integral con planes que recojan al total de las víctimas y establezcan caminos claros y financiables para ello, son muy limitados y se quedan en acciones insuficientes que no cubren todas las necesidades ni tienen los efectos esperados por la normatividad. Aún más, como se muestra en el documento, decenas de miles de indígenas que han sufrido desplazamientos individuales y masivos, son revictimizados por las comunidades receptoras que no reconocen su presencia en las nuevas localidades, y se ven como nueva competencia frente a las escasas oportunidades de atención pública en los municipios a donde llegan forzadamente. Si bien hay ejemplos de resiliencia y de organización colectiva liderados por figuras fuertes y respetadas en algunas comunidades que exigen del gobierno respuestas y acciones concretas, estos son exiguos y corresponden no a una estrategia nacional para evitar la revictimización, sino a esfuerzos independientes que unos pocos hacen para que sus comunidades recuperen la esperanza de la vida en colectivo y tenga espacio el uso de sus tradiciones en las nuevas residencias, con reconocimiento y aceptación de las administraciones y comunidades receptoras.

Uno de los fenómenos amazónicos que más relevancia ha tomado en los últimos años es el del crecimiento de las ciudades amazónicas y el establecimiento de colectivos indígenas en ellas. Se trata de comunidades que han luchado por establecerse en las ciudades y que se enfrentan al enorme reto de cambiar totalmente sus dinámicas de relacionamiento con el entorno para adaptarse a la vida urbana. Algunas comunidades han logrado estas adaptaciones de forma más exitosa que otras, y de esto ha dependido que ocupen un lugar en los espacios de participación ciudadana y que sean reconocidos por las administraciones municipales como actores que hacen parte de la diversidad ciudadana con derecho a participar de los recursos de las ciudades; en otros casos los indígenas que han llegado a las ciudades han sufrido las inclemencias del racismo, la exclusión, y la incomprensión de su situación: de estos casos los nukak han sido los más afectados y no han encontrado en más de 20 años un equilibrio que les permita vivir en la ciudad de forma digna y con sus derechos protegidos, sino por el contrario permanecen en la miseria, el abandono y la deserción de sus tradiciones estrechamente ligadas a la vida en la selva. Es urgente atender los casos críticos donde ocurren este tipo de situaciones y de apoyar a los indígenas en la creación de mecanismos de adaptación temporales o permanentes que faciliten una estancia en la ciudad de forma digna, bien sea que decidan permanecer y establecer allí su nueva vida, o bien que tengan en su pensamiento el retorno a sus territorios de origen.

La revisión de los datos del DANE en el Censo 2018 reveló un interesante proceso migratorio de grupos indígenas no amazónicos que se han establecido en la Amazonia en distintos periodos de tiempo y en procesos únicos en cada caso. En el recuento demográfico que se hizo pueblo por pueblo y subregión por subregión, fue notable la aparición de pueblos de origen andino y del litoral pacífico que han formado sus vidas en la Amazonia y que se han adaptado al nuevo territorio con distintos grados de éxito. Ingas, nasas, pijaos y emberas principalmente, han logrado constituir procesos colectivos que han resultado en el reconocimiento de resguardos y cabildos en las nuevas territorialidades, lo que facilita el desarrollo de los procesos culturales “importados” de forma relativamente armónica y manteniendo en gran medida sus tradiciones, el uso de la lengua y el orden tradicional.

El extractivismo y la explotación desmesurada de recursos naturales en la Amazonia ha sido fuente de otras formas de victimización de las poblaciones indígenas. Desde las fiebres del caucho, el comercio de pieles y la quina, hasta la más reciente explotación de oro y los cientos de minerales autorizados por las autoridades mineras y ambientales para ser extraídos de ríos, montañas y selvas, los indígenas han visto cómo los recursos no renovables de la Amazonia no sólo se reducen a pasos agigantados, sino que además dejan tras de sí la destrucción del medio ambiente y la terrible contaminación por el uso del mercurio para el amalgamamiento en el proceso de explotación aurífera. Los cientos de balsas ilegales para la explotación de oro que han estado y están presentes en ríos de importancia fundamental para la vida indígena en la Amazonia, no sólo destruyen el lecho de los cauces donde ocurren procesos básicos para la reproducción de cientos de especies animales, sino que lanzan a las aguas cantidades enormes de mercurio que termina siendo consumido por los humanos cuando comen los peces, generando alteraciones genéticas y graves problemas de salud irreversibles para las comunidades. El oro se ha convertido en una fuente reciente de ingresos de grupos armados ilegales complementaria al narcotráfico, fácil de legalizar y más barato de producir, sin la intensidad de la persecución que tradicionalmente efectúan las autoridades a la elaboración de cocaína.

De otro lado, el Estado tiene en proceso cientos de licencias de explotación de minerales en la Amazonia, que nos debe llevar a reflexionar sobre el costo a largo plazo que tiene el otorgamiento de éstas, especialmente en territorios indígenas cuyas autoridades no son consultadas y terminan, en muchas ocasiones, forzadas a ver cómo en sus territorios se desarrollan actividades extractivas sin su participación a pesar de que en la normatividad se propende porque sean los indígenas los primeros opcionados para efectuar la explotación de los recursos y recibir con ello compensaciones en beneficio de las comunidades.

La deforestación en los resguardos de la Amazonia ha ido en aumento en las últimas dos décadas. Entre 2002 y 2020, cerca de 300.000 hectáreas de bosques han sido arrasadas de los resguardos amazónicos, especialmente en regiones donde la influencia del crecimiento del anillo de poblamiento ha sido mayor como el piedemonte andino, el sur del departamento del Meta y el Guaviare. A pesar de esto, el panorama de deforestación en territorios indígenas es mejor que en las áreas que no están bajo la figura de resguardos o como áreas protegidas, vulnerables a la explotación maderera, la ampliación de pastizales para ganadería y la apertura de carreteras y vías de comunicación. Ninguna pérdida de bosques es razonable, ni debe considerarse como un proceso normal del desarrollo y el crecimiento de las ciudades amazónicas.

Los recursos del Sistema General de Participaciones que se destinan a los resguardos amazónicos no responden a un criterio demográfico claro que establezca una correlación estable entre la población de un territorio indígena y los recursos que les son asignados. Las diferencias entre resguardos pueden ser abismales, incluso dentro de un mismo departamento. En el capítulo dedicado a este análisis, encontramos que algunos resguardos reciben menos de 100.000 pesos anuales por habitante, mientras que otros superan los 3.000.000 de pesos, dejando abierta la pregunta de cuál es el criterio que se utiliza para estas asignaciones y por qué no es más equitativo. No existen datos centralizados y oficiales de cómo están llegando efectivamente estos recursos hasta los resguardos, ni de los proyectos de inversión a través de los cuales se ejecutan. El SGP reporta los giros mensuales que se hacen a los municipios con las asignaciones específicas para cada resguardo en su jurisdicción, pero no presenta información de qué están haciendo las alcaldías con estos recursos y de si distribuyen los recursos eficientemente.