Investigadores responsables: Juan Felipe Gulh ([email protected])

Equipo técnico: Diego Higuera, Delio Mendoza Hernández, Luis Fernando Jaramillo, Luis Eduardo Acosta,

Palabras clave: Amazonia, Sinchi, monitoreo, socioambiental, conflictos, comunidades indígenas, campesinas y locales.

Área geográfica: La zona de estudio comprende el área de la región de la Amazonia colombiana (483.164 km²).

La Amazonia es una región con una gran relevancia geopolítica nacional e internacional, debido a la escasez internacional de recursos estratégicos, a su importancia ambiental y ecológica, a su condición de región transfronteriza y a su patrimonio cultural (Cepal y Patrimonio Natural, 2013).

La Amazonia tiene una gran importancia global como generadora de agua, reguladora del clima y como proveedora de una gran cantidad servicios ecosistémicos vitales para la humanidad (James et. al., 2023).  En este escenario en que cada vez los recursos naturales son más limitados, su apropiación para objetivos opuestos como la conservación y la explotación implica conflictos entre diferentes tipos de proyectos sobre el mismo territorio (Taravella & Arnauld, 2012).

Entendiendo la importancia de la amazonia y los distintos actores que hay en el territorio cada uno con sus visiones, objetivos, intereses, muchas de las situaciones que se han venido dando, han generado conflictos, que, en muchos casos desafortunados, terminan con la vida de personas. Estas situaciones se ven reflejadas en que una buena parte de los líderes ambientales asesinados en el mundo, está ocurriendo en la región de la amazonia, en donde en el 2022, más de una quinta parte de los 177 homicidios registrados en el mundo ocurrieron en esa región (Global Witness, 2023). En las últimas dos décadas, el deterioro ambiental ha agudizado la conflictividad social en América Latina (Gómez Bonilla, 2020). En el caso de Colombia, a nivel mundial se presenta estadísticas desfavorables en cuanto a líderes ambientales amenazados y asesinados (Indepaz, 2021). Según el informe de Global Witness, Colombia ocupó en 2022 el primer lugar en el mundo en número de líderes ambientales asesinados, con un total de 60 muertes (Global Witness, 2023).

Sí bien los Conflictos Socioambientales (CSA) no son nuevos, lo que sí es reciente es su reconocimiento (Gómez Bonilla, 2020). Durante las dos décadas pasadas, los CSA han empezado a ser importantes en una escala global como consecuencia del auge de una globalización ambiental (Taravella & Arnauld, 2012). Estos CSA están siendo comprendidos como aquellos generados por la minería, la cuestión agraria, el agua, los bienes de los bosques que envuelven en sí mismos resistencias de los actores sociales contra el proceso de destrucción de sus territorios y sus modos de vida (Guevara & Silva, 2020). Muchos de estos movimientos están territorializados y surgen en un contexto de apertura democrática, caracterizándose por el uso de repertorios nuevos de protesta (Rodríguez et. al., 2015). Se trata de conflictos que incorporan percepciones, sentidos y valores sobre el desarrollo, la democracia, y las relaciones con la naturaleza (Guevara & Silva, 2020).

Todas las situaciones anteriores ponen en peligro la subsistencia de los conocimientos tradicionales, ya que la entrada de economías extractivas, la deforestación y la homogenización cultural, hacen que conocimientos milenarios se vayan diluyendo y con ellos saberes sobre el manejo adecuado de la selva, poniendo en riesgo la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y de paso y la integridad y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas amazónicos.

Como se mencionó, otra problemática importante es la deforestación. De los 79 municipios y áreas no municipalizadas que conforman la región, el 100 % de ellas reporta alguna proporción de su  superficie dentro del anillo de poblamiento amazónico, 12 municipios con proporción entre el 95- 100% de su área dentro del anillo de poblamiento. (Caquetá, Putumayo y Sur del Meta). Para el año 2002, la extensión del anillo de poblamiento era de 19,17 % (92.707,2 km2 ) el territorio amazónico; pasando para el año 2022 al 27,15 % (131.255,38 km2), lo que muestra una transformación de la floresta considerable.

Por otro lado, el relacionamiento íntimo y solidario del hombre indígena con la naturaleza, ha generado un cúmulo de conocimiento representado en tecnologías propias que les han permitido sobrevivir haciendo uso de los recursos de manera adecuada y racional. Sin embargo, los procesos de investigación etnológica y la bio prospección han dado cuenta de  un sinnúmero de tecnologías y representaciones culturales, que han abierto las posibilidades para su aprovechamiento en términos comerciales e industriales, sin un reconocimiento apropiado y justo a los dueño y esténtores de estos conocimientos, generando otra problemática más a la Amazonía colombiana, esta vez en términos de derechos de propiedad intelectual colectiva, con posibles impactos en la función ecológica por el aprovechamiento de germoplasma asociado a estos conocimientos. Se han reconocido casos especiales de solicitudes de patentes por parte de terceros sobre especies como el Yagé / Ayahuasca, Sangre de Drago, Líneas Celulares Guaymí, Maca y la Uña de Gato, que han formado parte de la identidad de pueblos indígenas a partir de usos especiales y sobre los cuales han girado gran parte de sus formas de vida; finalmente se han sabido reivindicar a favor de sus herederos (Vargas 2010).

A pesar de que varios casos de estos han sido resueltos favorablemente hacia las comunidades indígenas, su protección se torna complicada, toda vez que no ha sido fácil comprender sus atributos desde la perspectiva de la ciencia occidental, ya que durante sus procesos de caracterización y análisis, dichos atributos tienden a perder parte de sus contenidos debido al uso de preceptos metodológicos, conceptuales, temporales y políticos, inapropiados para su entendimiento y aplicabilidad, lo cual ha conllevado a imprecisiones e interpretaciones, muchas veces erróneas o segadas hacia propósitos particulares como el empoderamiento del conocimiento para fines comerciales. Esta misma situación, no ha permitido establecer bases normativas, tanto así que la Constitución Política aborda este tema de manera muy general. Entre tanto, los avances en protección adolecen de la perspectiva propia de cómo se deberían proteger y salvaguardar estos activos.