La Amazonia colombiana destaca por su extraordinaria diversidad biológica y cultural, enraizada en complejas interacciones socioecológicas que configuran diversas prácticas y procesos de gobernanza ambiental. Conformada por el 42,3% del territorio continental colombiano (48’316.300 hectáreas), alberga alrededor del 2% de la población nacional, distribuida con un 47% en cabeceras municipales, un 13% en centros poblados, y el 40% restante en zonas rurales dispersas (DANE, 2020). Esta región acoge a pueblos indígenas, colono-campesinos, afrodescendientes y habitantes urbanos, formando una red diversa y rica.

Se estima la presencia de alrededor de 93 pueblos indígenas, con 64 de ellos considerados originarios, y pobladores colonos provenientes de diversas regiones del país (DANE, 2020). Estos actores configuran el espacio mediante la creación de organizaciones y territorialidades que reflejan sus identidades, modos de vida y saberes. La región cuenta con 69 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs), 232 resguardos que abarcan el 51% de la región, 20 Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, y 3 Zonas de Reserva Campesina que cubren el 1,2% de la Amazonia (Guio & Rojas, 2019; Salazar & Riaño, 2016).

Además de la diversidad de actores y sus territorialidades, es crucial destacar el impacto del conflicto armado en la gobernanza ambiental de la Amazonia colombiana. Desde el siglo XIX, las actividades productivas en la Amazonia han estado orientadas a la extracción de recursos vegetales, forestales, animales y mineros-energéticos. Esta explotación ha atraído a diversos actores, incluyendo al Estado y empresas nacionales e internacionales, generando tensiones y conflictos socioambientales debido a las diferentes valoraciones socioculturales sobre la naturaleza, su uso y control. Estos conflictos representan desafíos significativos para la sostenibilidad ambiental de la región.